Definitivamente aun no ha pasado el gran dolor de cabeza diplomático cuando se avecina otra gran contradicción política y no solo eso, también moral: el asesinato de Iván Ríos de mano de su “amigo” y jefe de seguridad, alias “Rojas” quien en un acto de “desesperación” por la falta de alimentos y por las constantes amenazas del jefe guerrillero a sus dirigidos tomó la decisión de dar muerte a Ríos y en un acto sanguinario y frio cortarle su mano derecha para llevarla como evidencia a las autoridades del deceso del “topo” de las FARC .
El gran dilema: el pago o no de la recompensa de cinco mil millones de pesos que se ofrecía por el miembro de la cúpula guerrillera a alias “Rojas” que es sin mayor lugar a dudas un arma de doble filo tanto política , administrativa , jurídica como también ética y moral.
Según los panelistas invitados al foro inpahuista, el tema es supremamente candente y contradictor y por ende no fácil de resolver. Todos los invitados concertaron que el hecho no se resuelve tan sólo jurídicamente sino que también hay que observar las aristas morales y éticas del hecho.
El pago de la recompensa por parte del gobierno a alias “Rojas” podría dar cabida a que casos similares pasen, causando que terceros distintos al Estado tomen la justicia por su propia mano quitándole este deber al gobierno. “en este caso las políticas de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe podrían no funcionar en cuanto al pago de los cinco mil millones de pesos” señaló el Dr. Socha.
Jurídicamente hay que diferenciar la administración y la administración de justicia, el primer término hace alusión al ministerio de defensa (en este caso), mientras que el segundo hace referencia a la rama judicial; el ofrecer recompensas es un acto netamente ejecutivo , pero, la administración de justicia corre a cargo del consejo de estado y los demás organismos jurídicos los cuales pueden investigar los delitos de “Rojas” como también podrá investigar una posible demanda del pago de esta recompensa.
A pesar de que existe “el principio de oportunidad”, en el que Rojas podría salir absuelto de las investigaciones que se le imputan, dicho procedimiento es muy nuevo en el código penal colombiano y por lo tanto no tiene bases firmes para que se lleve a cabo. Desde una perspectiva jurídica, se debería investigar a alias “Rojas” para indagar acerca de las FARC y los delitos del subversivo.
Por otra parte las políticas de recompensa son una política del ministerio de defensa colombiano, que es riesgosa pero en momento efectivo, este sistema es indudablemente originario de los Estados Unidos y consiste básicamente en “comprarle la voluntad al delincuente”.
El sistema de delación se hace mediante aviso público mediante el ente administrativo y se busca dar con el paradero de dicha persona para su captura, no se busca la muerte del criminal, ya que, eso seria un hecho ilegal e inconstitucional desde todo punto de vista sin contar que también seria antitético y antiestético. El Estado es el único que puede dar captura y en el caso de resistencia por parte del agresor este puede utilizar una fuerza proporcional y en el caso fortuito que el enemigo agreda a los funcionarios del Estado con fuego, el Estado tiene la plena libertad para responder a la agresión e inclusive en un hecho accidental y aislado dar de baja al individuo.
Pero no hay que dejar a un lado el hecho de que Colombia es un Estado de derecho en el que se le brinda el derecho a la vida a todo ciudadano, incluyendo a los peores delincuentes del país (así sean guerrilleros) por lo cual, debe el gobierno explicar, interpretar y ajustar el reglamento de la ley de recompensas para aclarar que dicho monto sólo será entregado por información.
Según el Dr. Socha, los resultados obtenidos por el gobierno colombiano en los últimos días son solo actos que violan la ley de seguridad internacional (en el caso de la muerte de Raúl Reyes en donde se invadió territorio ecuatoriano) y las leyes éticas (con el suceso de la recompensa en el caso de la mano de Ríos).”El presidente Uribe en sus actividades publicas siempre ha ido mas allá de lo normal” afirmó Socha, el caso es que la política de seguridad está “acabando un mal con otro mal”, el cual, es hacer trato con delincuentes, siendo este un mal inclusive mayor que el anterior.
Pagar la recompensa no es errado, la cuestión es, que el hecho es un homicidio, sin importar que sea un guerrillero como anteriormente se dijo; el problema es partir del reglamento del sistema, que por lo que se concluye del hecho, esta tiene un vacio constitucional.
El pagar se puede convertir en una incidencia social que consistiría en que el país se convertiría en una nación sanguinaria, sin respeto a la vida. Desde la legalidad social, si se podría pagar la recompensa, pero el hecho que se centra es la violación de normas, por lo tanto, no se puede “premiar el asesinato”.
No es una ideología buena matarse unos con otros para acabar con las Farc pues esto podría generar la creación de grupos “caza recompensas” en donde hasta los mismos funcionarios públicos tendrían precio por sus cabezas, convirtiéndonos así en unos “caníbales automáticos”.
Otra arista del caso es la manipulación que le han hecho los medios de comunicación al suceso, ya que la información debe tomarse con suma delicadeza y más cuando esta se desarrolla en horarios familiares, donde niños y menores de edad están viendo esa escena escalofriante de la mano de Iván Ríos .La obligación de los medios es aclarar que los asesinatos son asesinatos (sea quien sea) y no la de tildar el asesinato de ciudadanos de bien como asesinatos y el de terroristas como la de bajas.
En el periodismo no existe la objetividad pero si existe la precisión y está se lleva a cabo mostrando todos los lados de la noticia, pero tampoco llegando al límite del amarillismo (como lo han sido las fotos de los cadáveres masacrados
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